La mediación obligatoria en la Unión Europea existe

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España una vez más a la cola de sus socios europeos.

Por Ana Criado Inchauspé

El 11 de julio se publicó en el semanario “Le Républicain”[1]  la noticia de que el tribunal de primera instancia de Evry había sido seleccionado para desarrollar un programa piloto, con el objetivo favorecer y desarrollar los métodos alternativos de resolución de conflictos que facilitan la búsqueda de soluciones amistosas.

La noticia corrió como la pólvora ya que muchos mediadores españoles, en un intento desesperado de que el ministerio de justicia y nuestros legisladores tomen nota, divulgamos la noticia a destajo en todas la redes, con un seguimiento masivo.

La medida del juzgado de Evry, se ampara en la ley gala de la modernización de la justicia del siglo XXI,  en la que se contempla la mediación previa obligatoria para aquellos litigios relacionados con el ejercicio de la autoridad parental  y las pensiones alimenticias. Por ello, desde el 1 de septiembre de  2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, las partes deben realizar un intento de mediación antes de recurrir a los juzgados de familia de  Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Contentin, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis, Tours y Evry. Sin dicho procedimiento no se admitirá ninguna demanda.

Este programa piloto disipa el temor de muchos nosotros, y es que esta obligación se convierta en un simple acto administrativo, al tener las partes la obligación de reunirse al menos una vez con el mediador. En otras palabras, el intento de acudir a la mediación debe ser serio y real. Los jueces franceses son conscientes de que en algunos casos las mediaciones no funcionará, pero lejos de achantarse, entienden que los progenitores tienen la obligación de intentarlo y por lo menos juntarse una vez para gestionar su conflicto familiar con un mediador.

Esta no es la única medida que el ministerio de justicia francés publica, con el objetivo de promover sistemas previos de manera forzosa como paso previo a la demanda judicial. En marzo de 2015 se aprobó el Decreto de simplificación del procedimiento civil sobre la comunicación electrónica y la resolución amistosa de conflictos, por la   se modificó el artículo 56 del  Código de Procedimiento civil francés[1], para obligar al demandante a acreditar los esfuerzos previos realizados para una resolución amigable de la controversia, antes de la presentación de la demanda, bajo sanción de nulidad en el caso de no hacerlo[2].

Dada la importancia del ejemplo francés conviene seguir indagando….

¿Qué otras acciones para incentivar o forzar la mediación están realizando nuestros vecinos comunitarios?[3]

Austria

Es obligatoria en caso de finalización anticipada de un contrato de aprendizaje.

En determinados casos de conflicto vecinales, antes de iniciar un procedimiento judicial es preciso tratar de resolver la cuestión extrajudicialmente a través de la conciliación o de la mediación.

Croacia: se está estudiando la mediación obligatoria para divorcios y custodia de hijos/as.

Eslovenia: la legislación contempla que la mediación sea obligatoria. Hasta la fecha no se ha regulado ningún requisito al respecto.

Grecia: se está estudiando la mediación obligatoria para los casos de familias sobre-endeudadas.

Hungría

El recurso a la mediación es voluntario, sin embargo presenta ventajas según la Ley de tasas y del Código de procedimiento civil. Si las partes recurren a la mediación después de la primera vista oral, y el juez ratifica el acuerdo alcanzado, sólo se deberá abonar la mitad de las costas procesales.

De ese importe pueden deducirse los honorarios del mediador, incluido el IVA, aunque con un tope máximo es de 163,50 EUR.

Además. se está estudiando la mediación obligatoria para los casos de custodia de los hijos/as.

Irlanda

Es obligatoria la asistencia a una sesión informativa de mediación.

En base a la Ley de Responsabilidad Civil y Procedimiento el juez puede ordenar a las partes la mediación, incluso si una de ellas no desea intentarla. 

Italia

El inicio de la mediación se establece como un presupuesto necesario y esencial para presentar la correspondiente demanda ante los juzgados:

  1. en las siguientes materias: arrendamientos, responsabilidad contractual y alguna extracontractual, contratos bancarios y de seguros, pactos de familia, sucesiones o con los derechos reales.
  2. Cuando existen cláusulas contractuales o estatutarias que deriven a mediación.

En los dos supuestos mencionados de no producirse la mediación, la demanda no será admitida a trámite. Las partes deben acudir a mediación en compañía de su abogado.

La regulación permite al mediador formular una propuesta de acuerdo a instancia de parte, o por propia iniciativa en el supuesto que no sea posible alcanzar un acuerdo.

Medidas sancionadoras:

  • El juez podrá, en el futuro procedimiento que se inicie, establecer la carga de la prueba e incluso una sanción pecuniaria, a aquella/s parte/s que no haya/n acudido a mediación sin motivo justificado.
  • Al hilo de la facultad del mediador de realizar una propuesta de acuerdo, se permite al juez condenar en costas a la parte que gane el juicio, en el caso de que el contenido del fallo judicial coincida con la propuesta de acuerdo que había sido formulada por el mediador y rechazada por la parte ganadora del pleito.

República Checa: en virtud del Código de Procedimiento Civil de la República Checa, la Corte puede ordenar a las partes asistir a una reunión de tres horas con un mediador.

Rumanía

Es obligatoria la asistencia a una sesión informativa de mediación.

Varias disposiciones legales nacionales en materia de mediación obligan a los jueces, en ciertos casos, a informar a las partes de la posibilidad y las ventajas de la mediación. Asimismo, se ofrecen diversos incentivos económicos a las partes que optan por la mediación u otro medio alternativo de resolución de conflictos.

A la vista de la evolución de la mediación en otros países vecinos, muchos de nosotros estaríamos encantados de ejercer nuestra actividad en Italia, Francia, Rumanía República Checa… cualquier país… salvo España.

El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea[1], en el marco de consumo, ya  ha manifestado que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establezca la obligatoriedad de la mediación con carácter previo al ejercicio de la acción judicial, en los litigios en los que sean parte los consumidores, ya que en los procedimientos de resolución alternativa de litigios establecidos por la directiva de consumo[1], el carácter voluntario reside no en la libertad de las partes de recurrir o no a este proceso, sino en el hecho de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento. Así pues , lo relevante no es el carácter obligatorio o facultativo del sistema de mediación, sino el hecho de que, como prevé expresamente la Directiva, se preserve el derecho de las partes a acceder al sistema judicial.

¿Entonces? ¿Qué está pasando en España con la mediación? ¿Para cuándo un intento serio de mediación obligatorio antes de iniciar un juicio? ¿Cuándo se le va a conceder en este país la importancia que la mediación se merece? ¿Cuándo desaparecerán los miedos del Ministerio de Justicia a lo lobbies que frenan la mediación?

Si otros países de nuestro entorno han sido valientes y han dado un paso hacia adelante y están apostando por ella ¿qué está pasando aquí?

No lo sé… pero espero que se resuelva pronto. Muy pronto

Ana Criado Inchauspé – Mediadora


  1. https://www.le-republicain.fr/a-la-une/mediation-familiale-devient-obligatoire-tribunal-devry
  2. Mediante el Decreto 2015-282, de 11 de marzo de 2015
  3. Esta obligación sólo desaparece si se justifica un motivo legítimo: razón de urgencia o de lo que se sea objeto del litigio, en particular si afecta al orden público.
  4. Información extraída de Informe del año 2016 de la Comisión Europea, publicado el 24 de mayo de 2016, sobre la implantación de la Directiva 2008/52/EC de mediación en los países de la Unión Europea.
  5. Párrafo extraído de la Sentencia en el asunto C-75/16 Livio Menini y Maria Antonia Rampanelli / Banco Popolare, Società Cooperativa.
  6. Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (DO 2013, L 165, p. 63).
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