Otro proyecto de Ley fallido

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¿Existe en España una mano negra en contra de los ADR?

Por: Villaamil.

Comentario (decepcionado) del proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

Aprovechando el sol del 1 de mayo me acerco a Monteleón, a la madrileña plaza del 2 de mayo y con lecturas pendientes me siento delante de las estatuas de Daoíz y Velarde, recordando la del teniente Ruiz en la plaza de las Siete Chimeneas. Una de esas lecturas no es especialmente atractiva, pero el sentido del deber (el lugar no deja de inspirar) me lleva a no posponerlo por más tiempo. Se trata del proyecto de ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, publicado en el Diario de las Cortes Generales del pasado 6 de abril. Se me había pasado por completo su aprobación por el Gobierno y fue la queja de FACUA la que me alertó del asunto.

Me puse a leer confiando que el proyecto habría corregido los errores iniciales. Realmente pocos proyectos se han visto últimamente que recibieran informes tan críticos de instituciones tan prestigiosas como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.

Pronto la decepción empezó a nublarme el día.

¿Cómo es posible que una norma nacida para regular los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con los consumidores se empeñe en hablar de litigios, que alude exactamente a lo contrario, a la resolución mediante procesos judiciales? Intentando entender algo veo el título de la Directiva en la traducción española: “resolución alternativa de litigios en materia de consumo”. Compruebo la versión inglesa de la directiva (considerada como la versión “auténtica”: “alternative dispute resolution for consumer disputes”. ¡Correcta! La versión francesa: “relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation”. ¡Incorrecta! La versión italiana: “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”. ¡Correcta! ¿Quién ha hecho la versión española? ¿Alguien se ha empeñado en que esté mal? ¿Y quién no es capaz de corregir la norma española de transposición y dejar claro que lo que se va a regular son las soluciones extrajudiciales de conflictos con consumidores? Miro hacia delante y me pregunto si alguien en el Congreso de los Diputados tendrá la lucidez de sustituir la palabra litigio por la de conflicto o controversia.

Sigo leyendo y las deficiencias me siguen saltando… Me hiere especialmente la que habla de entidades de resolución alternativa acreditada… ¿Resolución de qué? ¿De bancos o de seguros, como dijeron tantas normas de los años 2012 a 2015? ¿Qué clase de desidia impide hablar de entidades de resolución alternativa de conflictos, deslindando adecuadamente de qué estamos hablando?

Sigo leyendo tratando de entender la norma y me encuentro con otro valladar. De nuevo me surgen las preguntas: si se excluyen los “procedimientos ante sistemas de resolución gestionados por los empresarios”, como serían los servicios de atención al cliente o de reclamaciones de las propias empresas, solo nos quedan los dos procedimientos puros de los ADR, la mediación y el arbitraje. ¿Por qué no se hace el menor esfuerzo a lo largo de la norma de coordinar su regulación con las leyes de mediación y de arbitraje?

Las deficiencias en la redacción del proyecto son tan grandes que me dan ganas de escribir uno nuevo delante de Daoíz y Velarde. No deja de sorprenderme el interés en mantener el monopolio de la Administración sobre el sistema de arbitraje de consumo, que va contra el sentido de la propia Directiva que es establecer las condiciones para esos ADR y no sólo la mediación, sin que parezca que sean requisitos para las Administraciones Públicas sino para las instituciones privadas o corporativas que se propongan ofrecer esa solución extrajudicial. Ni que el artículo 9 del proyecto remita a cualquier “norma” en lugar de hacerlo con claridad a la “ley procesal” para evitar que acaben surgiendo al menos 17 sistemas distintos para los consumidores en nuestra sufrida España.

Me resulta ridículo que prácticamente el mismo Gobierno que hace dos años aprobó una nueva norma Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que modificó además la Ley del Gobierno, que habla con toda claridad de “Ministros”, ahora pretenda aprobar otra que habla de “persona titular del Ministerio”. ¡Seguro que en la Real Academia Española alguien se lo hace ver un día de estos!

Una última observación, en este país de legislación asistemática y descoordinada, no hubo nadie que viera lo sencillo que hubiera sido añadir un nuevo título al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con las normas de la Directiva debidamente adaptadas a nuestro ordenamiento. Que eso sería mucho mejor que aprobar otra norma aislada. Y nadie sabe que la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles prohíbe la mediación con los consumidores, lo que debería adaptarse para permitir esas mediaciones siempre que se dieran las condiciones de la directiva…

Decido tirar el proyecto de ley a una papelera cercana, pues no merece otra cosa y quedarme por Monteleón. Me viene a la memoria que los leones del Congreso se conocen como Daoíz y Velarde, y pienso deberían morder a más de uno si esa norma no cambia y mucho para convertirse en ley.

Villaamil. Defensor de las ADR

Equipo de Kiosko

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